Proyectos recientemente terminados o en fase de ejecución a lo largo de reservas naturales que deberían ser patrimonio de la humanidad:
CHILE – GLACIAR DE AYSEN: Esta región, que tiene una de las tasas de precipitaciones más altas del mundo y comparte con Argentina los mayores glaciares continentales sobrevivientes del planeta, con caudalosos ríos, la mayoría de los cuales corren intocados hasta desembocar en lagos o en el mar, es el sueño de los ingenieros hidráulicos.
Durante los últimos años se ha ejercido una fuerte oposicición y protestas por parte de los habitantes de esta región, así como por parte de ONG’s y organizaciones mundiales, y aún continúa la lucha para impedir el proyecto. La empresa que pretende hacer el proyecto está formada por ENDESA y otras firmas.
Mientras en Europa y en EE.UU. ya no se están construyendo grandes presas, en Chile se planea construir una que inundará miles de hectáreas en uno de los paisajes más espectaculares.
Los ambientalistas no están en contra de todas las centrales hidroeléctricas. Les parecen convenientes las «pequeñas centrales hidroeléctricas» (PCH) y las «centrales de pasada», que no son traumáticas porque prácticamente no se inunda; sólo se desvía el cauce.
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FÁBRICA DE CELULOSA EN ALTO PARANÁ. MISIONES (ARGENTINA). Es una de las fábricas de celulosa que aplica desde hace años la tecnología que se emplearía en las polémicas papeleras de Uruguay. Es puesta como ejemplo por las autoridades y la más grande del país.
Efectos de una planta de celulosa puesta en funcionamiento hace pocos años en Misiones (Argentina):
«El cordón ecológico que debería existir en las márgenes de los arroyos no se respeta», agrega el vecino misionero, que se lamenta porque «la flora y fauna silvestre han desaparecido totalmente y la fauna íctica (peces) también».
«Se nos dijo que dos familias del pueblo cercano de Wanda (donde residen muchos trabajadores) iniciaron una denuncia judicial contra la empresa por niños nacidos con malformaciones atribuidas a la contaminación de la fábrica. La gente también culpa a la contaminación de la fábrica por los numerosos casos de cáncer que ocurren entre la población local.»
Puerto Esperanza, donde el aire es nauseabundo, el Paraná se oscurece y muchos pobladores dicen que están contaminados.
«Esta planta tendría que estar cerrada. Pero estamos maniatados por la presión del poder. Acá ya no hay monte, hay pinos. Hubo una época en la que los casos de abortos espontáneos estuvieron tres veces por encima de la media. Después vino el brote de lesmaniasis cutánea, que se contagia a través de un mosquito que apareció con el desmonte. Y ahora sigue. Hay muchos procesos alérgicos, enfermedades respiratorias. Y los casos de cáncer superan el promedio. No solo de pulmón: ahora tambien hay de páncreas.» El medico esta harto. Pero muy cerca; sobre el río, la planta de celulosa Alto Paraná no para.
En la selva de Misiones se talan 32,5 hectáreas de monte por día; o sea, que desaparecen 12.000 hectáreas cada año. Originariamente, la provincia contaba con 2.700.000 hectáreas de selva tropical, pero en la actualidad se estima esta superficie en 1.200.000 hectáreas. Es decir, que sólo queda el 44% de la selva original y en su lugar se planta pino americano para la planta de celulosa.
Una de las empresas propietarias de la fábrica es ENCE, española, que recibe financiación pública, o sea de nuestros impuestos.
Selva de Misiones
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BELO MONTE (BRASIL)
En estos días la Presidenta de Brasil ha dado el visto bueno para el comienzo de las obras.
El proyecto lo realizará Eletronorte, empresa pública brasileña.
Selva Belo Monte
Comienzo deforestación para emplazar hidroelectríca.
(Reproducción de una carta de la Organización de Estados Americanos OEA)
LAI, América Latina en Movimiento
2011-05-17
Secretario de la OEA descalifica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Es sumamente condenable la entrevista brindada por José Miguel Insulza a la BBC en Brasil, donde descalifica las medidas cautelares dictada por la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) en relación al caso de la hidroeléctrica Belo Monte (Brasil), anteponiendo los intereses económicos cimentados en una visión obsoleta de desarrollo a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales que habitan el Rió Xingu.
El 1 de abril del presente año la CIDH emitió las Medidas Cautelares 382/10, a favor de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Río Xingu, en Pará, Brasil: Arara de la Volta Grande do Xingu; Juruna de Paquiçamba; Juruna del «Kilómetro 17»; Xikrin de Trincheira Bacajá; Asurini de Koatinemo; Kararaô y Kayapó de la tierra indígena Kararaô; Parakanã de Apyterewa; Araweté del Igarapé Ipixuna; Arara de la tierra indígena Arara; Arara de Cachoeira Seca; y las comunidades indígenas en aislamiento voluntario de la cuenca del Xingu.
La obra faraónica que pretende el gobierno de Brasil construir en el río Xingu, se convertiría en la tercera represa más grande del mundo, con una potencia de 11.2000 mw y con un costo aproximado de 11 mil millones de dólares. Sin embargo, el informe del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) señala que, hasta abril, fueron cumplidas solo cinco de las 40 condiciones socioambientales para el inicio de las obras.
La CIDH, en las medidas cautelares exige realizar «procesos de consulta, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Brasil, en el sentido de que la consulta sea previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, en relación con cada una de las comunidades indígenas afectadas, beneficiarias de las presentes medidas cautelares»
Desafortunadamente existe una ofensiva en contra de los pueblos indígenas de América Latina, desde los Cucapa del delta del río Colorado hasta la Mapuches de Aysén, los indígenas sufrimos una ofensiva maléfica por parte de los estados nación y multinacionales, las que pretenden apoderarse de nuestros habitas, para explotación minera, petrolera y represas hidroeléctricas, megaproyectos turísticos, entre otros.
A pesar que muchos de los países del continente son signatarios del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), instrumentos jurídicos que reconocen el derecho a la consulta, previa libre e informada; hasta la fecha los estados nación eluden efectuar consultas y si mucho llegan a efectuar simulacros con el propósito de acallar las criticas.
Las declaraciones de Insulza erosionan el trabajo que realiza la CIDH, en cuanto a la defensa de los pueblos indígenas, y en general menoscaban las medidas cautelares emitidas en relación a las violaciones de los derechos humanos en general. Las consecuencias de las infortunadas declaraciones serán de enormes repercusiones para los defensores de los derechos humanos en el continente.
Existen casos concretos en Centroamérica de desacato por parte de los estados de Guatemala y de Panamá; en relación a la Mina Merlen y los desalojos y represas en el río Teribe. Los pueblos Sipakapense, Man y Naso, se encuentran bajo un enorme peligro de desaparición como culturas diferenciadas, ante las agresiones de la compañía Minera Goldcorp, la Empresa Pública de Medellín y ganaderos de Bocas del Toro.
El malestar existente por parte de políticos y empresarios en cuanto al rol jugado por la CIDH en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, fue manifestado por el Sr. Insulza a la BBC al cuestionar las medidas cautelares a favor de los pueblos radicados en el Xingu. Insulza está dando cabida con su actitud demoledora de las medidas cautelares a que los estados nación ignoren las medidas emitidas por la CIDH.
La Alianza de las Américas para la Energía y el Clima, promovida por la Sra. Hillary Clinton se está convirtiendo en la receta de rigor para destruir los ríos a lo ancho y largo de América Latina, y la mayoría de las represas formuladas por los organismos financieros internacionales afectan a diversos pueblos indígenas del continente. Al mismo tiempo a las empresas mineras transnacionales se les conceden enormes extensiones de tierra para practicar la minería a cielo abierto, sin tener en cuenta el enorme daño ambiental que causan y las raquíticas regalía que pagan por sus industrias extractivas.
La mayoría de los países signatarios del Convenio 169 de la OIT en América Latina, no han hecho esfuerzo alguno en adecuar sus legislaciones al Convenio. Todo lo contrario han buscado alternativas de disuasión tal como sucedió en Honduras con la Ley para el Desarrollo de los pueblos indígenas, promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la intención de crear una ley secundaria enfrascada en la disolución del Convenio 169. Inaudita fue la actitud asumida por la OIT, al instar al gobierno a aprobar la Ley Indígena como una prioridad, a pesar de las denuncias presentadas al respecto por algunos de los pueblos indígenas de Honduras.
El derecho a la consulta no es concesión del estado nación hacia sus ciudadanos. Es claramente un deber establecido por el derecho internacional y está ligado al derecho a la vida. En Honduras ese derecho ha sido denegado constantemente por las diferentes administraciones a partir del año de 1994 cuando se firmó el Convenio 169 de la OIT. Desde una Ley de Propiedad inconsulta a través de la cual pretenden diluir la propiedad comunitaria, hasta un sinfín de hidroeléctricas dentro de los territorios de los pueblos que nunca fueron consultadas. La denegación en Honduras al derecho a la consulta es similar al resto de los países del continente, en donde el único asidero de los indígenas consiste en recurrir a la CIDH ante el racismo y prepotencia que existe por parte de los sistemas nacionales de justicia.
La Ceiba 17 de mayo de 2011
Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)
La Ceiba, Atlantida,
Honduras
El jefe de la tribu Kayapo llorando mientras recibe la noticia de que el Gobierno brasileño ha dado su consentimiento para el comienzo de las obras de la presa Belo Monte.
Si se desea firmar apoyando las protestas:
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